Leyes concebidas para no ser aplicadas

Leyes concebidas para no ser aplicadas

Una aplicación típica de este principio es de aprobar una ley que responde a las expectativas de los ciudadanos y que se orienta en sentido del interés general: protección de las libertades y de los derechos individuales, protección ecológica, protección del consumidor, legislación del trabajo y derechos de los asalariados, etc...
Pero en la práctica, los medios financieros y humanos asignados para la aplicación de la ley son intencional y ampliamente insuficientes.

Por ejemplo en Francia, el legislador ha creado la Comisión Informática y de las Libertades (CNIL) para proteger las libertades individuales contra los archivos o bases de datos informáticos abusivos.
Pero al mismo tiempo, el presupuesto asignado a la CNIL solo le permite pagar una veintena de inspectores (de los cuales solo 2 son informáticos!) para vigilar el conjunto de las administraciones publicas y empresas francesas.

En 22 años et sobre 33.000 denuncias, la CNIL solo ha editado 47 advertencias y ha sometido solo 16 asuntos ante la administración de justicia.

Mismo en los casos de persecución judicial, la sanción aplicada se limita a una mínima multa comparada al poder y al provecho o ventaja lograda gracias a los ficheros o bases de datos informáticos ilícitos.

A la inversa, un ciudadano ordinario que juega al pirata informático en contra de intereses de una empresa multinacional puede estar seguro de ser condenado a la cárcel y a una fuerte multa.