7 de Febrero de 2010
MADRID/EL CAIRO
El 6 de octubre de 2009,
junto con y de parte de querellantes iraquíes, interpusimos una querella ante
la Justicia española contra cuatro presidentes estadounidenses y cuatro
primeros ministros británicos por crímenes de guerra, crímenes de lesa
humanidad y genocidio en Irak.
La demanda hizo
referencia a hechos transcurridos a lo largo de 19 años. No solamente trataba
la destrucción generalizada a la que Irak ha sido sometido desde 2003, sino
también el periodo de sanciones durante el cual se registraron 1,5 millones de
muertes excesivas en Irak.
Presentamos la querella en España porque su ley de justicia universal se basaba sobre principios constitucionalmente consagrados.
Presentamos la querella en España porque su ley de justicia universal se basaba sobre principios constitucionalmente consagrados.
Toda persona es
conocedora de los crímenes cometidos en Irak por los acusados, pero ninguna
jurisdicción ha sido capaz hasta el momento de traerles ante la Justicia.
Presentamos una querella contundente cuyo contenido se basaba sobre pruebas
extraídas de más de 900 documentos, haciendo referencia a hechos específicos
que demuestran un patrón de daño e intención acumulados.
A la hora de interponer la querella, nos constaba que el Senado español estaba a vísperas de un voto sobre una enmienda ya aprobada en el Congreso de los Diputados, que limitaría el alcance de la aplicación de la justicia universal.
A la hora de interponer la querella, nos constaba que el Senado español estaba a vísperas de un voto sobre una enmienda ya aprobada en el Congreso de los Diputados, que limitaría el alcance de la aplicación de la justicia universal.
Éramos conscientes de
que la restricción podría aplicarse de manera retroactiva, y de hecho se
tomaron en cuenta las nuevas pautas regidas por la enmienda, que por aquel
entonces seguía siendo una propuesta. Horas tras la presentación de la
querella, se aprobó la limitación del alcance de la ley de justicia universal
en España.
Poco tiempo después, se
archivó nuestra demanda.
Varios otros casos e
investigaciones de carácter serio, y que requieren la vigencia de la justicia
universal para asegurar su continuidad, se ven hoy en día enfrentados con
graves obstáculos.
Introducción a
la Querella
PRESENTADA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL A FECHA DEL SEIS DE OCTUBRE DE 2009
El siguiente texto constituye la introducción a una querella criminal interpuesta a fecha del seis de octubre de 2009 ante la Audiencia Nacional de España contra cuatro presidentes de EE.UU. y cuatro primeros ministros de Reino Unido por la comisión, aprobación y/o perpetuación de múltiples crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak.
PRESENTADA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL A FECHA DEL SEIS DE OCTUBRE DE 2009
El siguiente texto constituye la introducción a una querella criminal interpuesta a fecha del seis de octubre de 2009 ante la Audiencia Nacional de España contra cuatro presidentes de EE.UU. y cuatro primeros ministros de Reino Unido por la comisión, aprobación y/o perpetuación de múltiples crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak.
La demanda fue presentada bajo las leyes
de jurisdicción universal.
Esta querella nombra a:
Esta querella nombra a:
·
William J
Clinton
·
Margaret
Thatcher
·
John Major
·
Anthony Blair
·
Gordon Brown
Fue presentada por
iraquíes y otras personas solidarias con el pueblo iraquí y la defensa de sus
derechos y el derecho internacional.
Introducción
Todos los querellados identificados en esta demanda han ocupado u ocupan altos cargos públicos en las administraciones de Estados Unidos y Reino Unido, y/o de autoridad en las respectivas fuerzas armadas de estos países, y mientras ocupaban tales cargos autorizaron, apoyaron, justificaron, ejecutaron y/o perpetuaron de forma activa:
Introducción
Todos los querellados identificados en esta demanda han ocupado u ocupan altos cargos públicos en las administraciones de Estados Unidos y Reino Unido, y/o de autoridad en las respectivas fuerzas armadas de estos países, y mientras ocupaban tales cargos autorizaron, apoyaron, justificaron, ejecutaron y/o perpetuaron de forma activa:
1.
Un régimen de
sanciones sobre Irak durante 13 años, que ha provocado un impacto
abrumadoramente destructivo, reconocido y probado, sobre la salud pública de
este país, especialmente sobre la mortalidad infantil.
2.
El uso de la
fuerza militar de forma desproporcionada e indiscriminada, incluyendo numerosas
campañas extralegales de ataques y bombardeos durante la década comprendida
entre los años 1990 y 2000, provocando la destrucción de las instalaciones
hídricas y sanitarias de Irak y de sus capacidades defensivas, y la
contaminación generalizada de su eco-esfera y medio ambiente a través del uso
masivo e injustificado de municiones de uranio empobrecido.
3.
El impedimento,
a través de sanciones globales y/o ataques militares, de la reconstrucción de
la infraestructura civil básica de Irak incluyendo sus sistemas de salud,
hídricos y sanitarios, y la descontaminación de su eco-esfera y medio ambiente,
respaldados por la amenaza de vetar en el Consejo de Seguridad cuando no hubo unanimidad
detrás de la prolongación del régimen de sanciones.
4.
El lanzamiento
de una guerra ilegal de agresión contra Irak basada en la falsificación
deliberada de amenazas y esfuerzos sistemáticos para ocultar a la población
general en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, y a partes de
la estructura de comando militar de las respectivas fuerzas armadas
desplegadas, los verdaderos propósitos y objetivos de aquella guerra.
5.
El diseño del
establecimiento de un aparato de ocupación que por su incompetencia,
inexperiencia, corrupción y/o alineamiento ideológico o sectario y sus acciones
terminaría en la destrucción del Estado iraquí y en la destrucción deliberada
de la unidad nacional de este país junto a su identidad, provocando un ataque a
los iraquíes en su conjunto y la destrucción intencionada del grupo nacional
iraquí como tal.
Los actos ordenados y/o
continuados y perpetuados por los querellados identificados en este escrito
fueron ilegales en su naturaleza, se conocía que lo eran y/o razonablemente
debían saber que eran ilegales en su naturaleza, y se basaron en mentiras
manifiestas y deliberadas, manipulaciones, presentaciones de los hechos
deliberadamente confusas, y afirmaciones sin fundamento y otras justificaciones
falsas.
Fue tal la insistencia
del esfuerzo propagandístico que respaldó y proveyó el contexto a estos actos
ilegales - y es bien sabido que éste era el objetivo - que se convirtió en una
campaña internacional de demonización y deshumanización de los iraquíes, de la
nación iraquí, del Estado iraquí, del liderazgo militar y civil de Irak, del
aparato civil y administrativo de Irak y de Irak dentro del contexto árabe.
En este sentido y a
través de las acciones que se tomaron y que se resumen más abajo, los
querellados:
1.
Despojaron al
pueblo iraquí de todos o de la mayoría de sus derechos fundamentales conforme a
los derechos establecidos y protegidos por la legislación internacional de
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, expresados en las
convenciones y en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, incluyendo el derecho a la
defensa.
2.
Construyeron e
implementaron políticas que continuaron despojando al pueblo iraquí de su
soberanía y del ejercicio de su libertad, derechos humanos y derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, conforme lo establecen y
garantizan la legislación internacional de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y
convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones
de Ginebra.
3.
Insistentemente
otorgaron cobertura legal y política a estos actos, aun sabiendo y/o
razonablemente debiendo saber que estos actos violaban la ley internacional,
incluyendo indiscutibles normas legales de carácter ius cogens.
4.
Impusieron y
defendieron la inmunidad extra-legal para todos los involucrados en actos
violatorios de los derechos protegidos del pueblo iraquí, y establecieron un
patrón de impunidad para los acusados de perpetrar estos ataques, omitiendo
llevar a cabo una adecuada investigación y las acciones legales
correspondientes sobre las denuncias específicas y generales de los graves
abusos cometidos, y/o garantizaron la responsabilidad que se asume a través de
la cadena de mandos que permitió u omitió prohibir estos ataques, y/o hicieron
caso omiso de o distorsionaron las numerosas reglas legales consuetudinarias,
incluyendo las leyes de la guerra y aquellas que prohíben el uso prioritario de
la fuerza en las relaciones internacionales.
5.
Abusaron de y
pasaron por alto el derecho internacional, garante del orden, la paz y la
seguridad internacional, para cuya protección se considera que existe y
representa el Sistema de las Naciones Unidas, abarcado en la Carta de las
Naciones Unidas, y sobre cuyos fundamentos la Declaración Universal de los
Derechos Humanos adquiere su efecto positivo y significado conclusivo.
Mientras la ocupación de
Irak permanezca y las desmanteladas instituciones soberanas de este país no
funcionen, la oportunidad de reparar a las víctimas iraquíes en su propia
jurisdicción nacional es inexistente.
A pesar de las numerosas
peticiones individuales elevadas a su Fiscal, la Corte Penal Internacional ha declarado que
no posee jurisdicción para conocer y actuar en casos de abusos y violaciones a
los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Irak.
En virtud de las amenazas
de Estados Unidos y del Reino Unido de utilizar en el pasado su poder de veto
como miembro permanente, no es previsible que en un futuro inmediato el Consejo
de Seguridad eleve una demanda en Irak a la Corte Penal Internacional, como
tampoco que los iraquíes esperen una reforma del Consejo de Seguridad.
Sin una investigación y
el procesamiento efectivo de estos abusos y violaciones, la comunidad
internacional corre el riesgo de permitir que se establezca un precedente de
acciones ilegales de semejante magnitud sin censura, poniendo en peligro por lo
tanto los derechos y la dignidad no solo de los iraquíes sino también de la
población a nivel mundial.
Un precedente de esta
naturaleza sería contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios
sobre los cuales se considera que el orden internacional de los Estados está
fundado. La base de la aceptación pública de un Estado de derecho es la
protección de la paz y la defensa del bienestar de su pueblo.
La falta de
investigación y del procesamiento efectivo del catálogo de graves abusos y
violaciones perpetradas por los querellados en Irak, y en contra del pueblo
iraquí, constituiría una amenaza continua e implícita a la base del orden
internacional a nivel general y específicamente a la paz y la seguridad
internacionales.
Junto con aquellos que ocupan cargos de autoridad oficial, los importantes consejeros políticos, los creadores de estrategia y los representantes de varias empresas, también han tenido un papel crucial en las justificaciones ideológicas y políticas, además del intento de legitimar las propuestas falsas empleadas para ejecutar la política global de agresión, culminando en una serie de ataques, tanto militares como de otros medios, ataques que siguen ahora desde hace 19 años, los cuales nos han llevado a la guerra ilegal de 2003 contra Irak, una guerra que continúa a pesar de la condena global.
Junto con aquellos que ocupan cargos de autoridad oficial, los importantes consejeros políticos, los creadores de estrategia y los representantes de varias empresas, también han tenido un papel crucial en las justificaciones ideológicas y políticas, además del intento de legitimar las propuestas falsas empleadas para ejecutar la política global de agresión, culminando en una serie de ataques, tanto militares como de otros medios, ataques que siguen ahora desde hace 19 años, los cuales nos han llevado a la guerra ilegal de 2003 contra Irak, una guerra que continúa a pesar de la condena global.
Aunque hay indicios de
responsabilidad inherentes en términos de la naturaleza de la construcción y
ejecución de la política, las relaciones personales entre los individuos
involucrados en primer y segundo grado, además de los grupos a los que
pertenecen, demuestran un alto nivel de cohesión evidente que une las acciones
de las personas que han apoyado y se han beneficiado de estas políticas.
En el mejor de los casos
el propósito de estas intenciones es la de hacer daño; en el peor significa la
destrucción por razones definidas - a veces anunciadas públicamente -
estratégicas, geo-políticas y económicas.
Es más, ninguno de los
responsables puede alegar razonablemente que no sabía cómo iba a acabar sus
políticas, ni a quienes apoyaba, ya que todos habían participado no solo en el
diseño y la ejecución de dichas políticas, sino que seguían ejecutándolas a
pesar de que sus efectos eran perjudiciales, y contribuían a la destrucción de
la salud, la soberanía y los derechos del pueblo iraquí, y por si fuera poco,
han defendido estas políticas y la mayoría seguirá haciéndolo.
Desde el comienzo del periodo en cuestión, las sanciones instigadas y mayoritariamente administradas por Estados Unidos, como resultado directo de estas medidas, añadidas a la guerra propagada por los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido y la ocupación del territorio iraquí, han causado la muerte a aproximadamente 2.700.000 iraquíes.
Desde el comienzo del periodo en cuestión, las sanciones instigadas y mayoritariamente administradas por Estados Unidos, como resultado directo de estas medidas, añadidas a la guerra propagada por los gobiernos de EE.UU. y Reino Unido y la ocupación del territorio iraquí, han causado la muerte a aproximadamente 2.700.000 iraquíes.
Durante el periodo de
las sanciones, 560.000 niños perdieron la vida.
Desde 2003, la
infraestructura civil y militar iraquí es tan débil que el pueblo se siente
prácticamente indefenso.
·
Irak ha sufrido
un nivel de agresión sin precedentes en el ámbito de la historia internacional,
al mismo tiempo que la aparición de un plan de partición para el país, dando
fondos a grupos sectarios y milicias para fragmentar aún más la nación durante
la ocupación y así afectar a la identidad nacional.
·
También se ha
procedido a la cancelación del funcionamiento del antiguo estado iraquí,
despidiendo a todos los funcionarios públicos y eliminando la protección
estatal, lo cual ha llevado a la desaparición de los servicios públicos y el
sistema educativo para el pueblo iraquí, culminando en olas de desplazamientos
humanos en las que casi 5.000.000 de personas han tenido que abandonar sus
casas, lo cual representa un quinto de la población.
En diciembre de 2007, el
Comité de Anti-Corrupción de Irak
anunció que ya había 5.000.000 de huérfanos en Irak, mientras el Ministerio de
Asuntos de la Mujer contaba 3.000.000 de viudas desde 2009.
Tal destrucción de la vida humana, durante 19 años de ataques acumulados, a pesar de haber ignorado numerosas oportunidades para cambiar de política o remediar la situación, no puede ser simplemente fruto de la casualidad. De hecho, la acusación primordial que debe ser investigada, como sugieren los hechos, es que este nivel de destrucción ha sido decisivo para el éxito de la política compartida de Estados Unidos y Reino Unido en Irak.
Tal destrucción de la vida humana, durante 19 años de ataques acumulados, a pesar de haber ignorado numerosas oportunidades para cambiar de política o remediar la situación, no puede ser simplemente fruto de la casualidad. De hecho, la acusación primordial que debe ser investigada, como sugieren los hechos, es que este nivel de destrucción ha sido decisivo para el éxito de la política compartida de Estados Unidos y Reino Unido en Irak.
La destrucción total o
parcial del pueblo iraquí como grupo social, y la privación de todos o la
mayoría de sus derechos, se puede entender mediante el recuento de las
violaciones, abusos y ataques a los cuales ha sido sometido el pueblo iraquí.
Todo esto, combinado con
los continuos intentos de redibujar el mapa político de Irak y la región árabe,
además de la posición de Irak dentro de la misma, ha hecho que los agresores
hayan aprovechado el momento para capturar, apropiarse y saquear todo lo que se
interpusiera en su camino a través de la anulación de la soberanía del pueblo
iraquí combinada con la destrucción y fragmentación de su identidad y unidad
como grupo nacional.
Históricamente, los
iraquíes, variopintos aunque cohesivos, estaban, y siguen estando,
comprometidos por una mayoría aplastante con la idea del papel del ciudadano en
el estado iraquí – un estado fundado y basado en la provisión de servicios
públicos y una industria energética nacionalizada.
La política que han
adoptado los responsables ha buscado y sigue buscando imponerse a los elementos
de la industria iraquí y esto ha acabado en la privatización y confiscación de
los recursos públicos del pueblo iraquí, combinado con la división política y
administrativa del estado originariamente unido, y por tanto, lo opuesto de una
sociedad basada en la cohesión de la gente como grupo nacional.
Hasta que no se frene a través de acciones e investigaciones legales, es muy poco probable que la estrategia común de Estados Unidos y Reino Unido cese, aunque las tácticas puedan cambiar. Los iraquíes, en su gran mayoría, no demuestran signos de rendición en su creencia del derecho a la ciudadanía iraquí, lo cual incluye control de soberanía sobre los recursos naturales del país.
Hasta que no se frene a través de acciones e investigaciones legales, es muy poco probable que la estrategia común de Estados Unidos y Reino Unido cese, aunque las tácticas puedan cambiar. Los iraquíes, en su gran mayoría, no demuestran signos de rendición en su creencia del derecho a la ciudadanía iraquí, lo cual incluye control de soberanía sobre los recursos naturales del país.
Con un agresor
extranjero beligerante y un pueblo entregado y resistente, una acción legal es
imprescindible para llegar al final de esta situación y acabar con la matanza
continua del pueblo iraquí y la destrucción de su identidad nacional y sus
derechos.
Estamos ante acciones
ilegales e inmorales que contradicen las razones sobre las que se sustenta
la soberanía del Estado y la seguridad del pueblo, y acciones que han traído
consigo el intento de destruir el Estado iraquí y la nación.
Mientras, según
estimaciones creíbles, entre 2003 y 2006, 1.200.000 ciudadanos iraquíes han
perdido la vida debido a la violencia, y siguen perdiendo la vida, o, en el
mejor de los casos, viven bajo amenaza constante de muerte, mutilación,
detención, exilio y falta de acceso a sus legítimas libertades y derechos.
La suma de estas
condiciones y el resultado de acciones deliberadas cuyas consecuencias se
podían prever, ubicadas en un entorno de acusaciones falsas, decepciones, y,
por no decirlo, mentiras flagrantes, impuestas por el uso indebido de la
fuerza, una fuerza desproporcionada e indiscriminada, constituyen una violación
de los términos de la Convención de Ginebra de 1948.
Como prueba del extenso
impacto de las políticas pasadas y actuales de Estados Unidos y del Reino
Unido, en el 2009 el American Friends
Service Commitee, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que
alrededor de:
·
un 80 por ciento
de los iraquíes encuestados en Irak habían sido testigos de un fusilamiento
·
un 68 por ciento
habían sido interrogados u hostigados por milicias
·
un 77 por ciento
habían sido afectados por ataques con bombas o cohetes
·
un 72 por ciento
fueron testigo de atentados con coches bombas
·
un 23 por ciento
de los iraquíes en Bagdad sufrieron el secuestro de un miembro de su familia
·
un 75 por ciento
sufrieron la muerte de un familiar o persona cercana
Las operaciones
militares en Irak desde el 2003 ya le han costado a los Estados Unidos
aproximadamente 800 mil millones de dólares, con costos a largo plazo estimados
en 1.8 trillones de dólares.
En el 2009 el costo
estimado para el Reino Unido, de acuerdo a cifras divulgadas por el Ministerio
de Defensa del Reino Unido, fue de £8.4 mil millones (alrededor de 13.7 mil
millones de dólares). Estados Unidos continúa gastando en la guerra 12 mil
millones de dólares por mes. Desde el 2003 Estados Unidos ha desplegado a Irak
un total de 513.000 soldados.
Aproximadamente 170.000
militares estuvieron destinados a la campaña denominada “Surge” (oleada), en el
2007, y 130.000 permanecieron desplegados a partir de junio de 2009. Además de
las fuerzas armadas regulares se cree que el Gobierno de los Estados Unidos
emplea hasta 130.000 contratistas adicionales de
seguridad privada y se ha negado a divulgar cifras oficiales al
respecto.
Se ha otorgado a las
empresas de seguridad inmunidad general de acuerdo a la ley iraquí.
A su vez, no existe
mecanismo eficaz ni esperanza para que los iraquíes puedan directamente probar
la responsabilidad o enjuiciar a las fuerzas estadounidenses y británicas.
Y posiblemente pueda haber
más…
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